Introducción:
La región cuicateca forma parte de la geografía del estado de Oaxaca, según datos
oficiales este estado posee 95,364 Km2, de acuerdo al censo de 2000 cuenta con una
población total de 3, 228,895; de la cual la población rural equivale a 1, 824,408, la
población urbana a 1, 404,487; y la población indígena equivale a 1, 592,020, por su
variedad cultural contabiliza alrededor del 30 % de las poblaciones originarias a nivel
nacional.
Administrativamente se localiza dentro de la llamada región de la Cañada, cuya cabecera
distrital es la ciudad de Cuicatlán, que es la que da nombre a la región.
En general, la población indígena del estado presenta un grave atraso en su situación
social, política y económica, nada diferente de la mayoría de las comunidades indígenas
del país, resultado, sobre todo, del carácter de los gobiernos surgidos después de la
revolución, sobre todo de aquellos que sólo han buscado el bienestar de un grupo
reducido que se ha mantenido y beneficiado en el gobierno, la “familia revolucionaria”,
mientras que la mayoría de la población vive en condiciones de miseria, la cual se ha
acentuado y sin alternativas de mejoría en los próximos años, al menos dentro de los
marcos del actual modelo económico.
Según datos del Consejo Nacional de Población (CONAPO), Oaxaca figura ente los cinco
últimos lugares en cuanto a desarrollo humano, es decir que, según los criterios oficiales,
el nivel de escolaridad y conocimientos es de los más bajos. La educación, como
obligación del Estado, establecida en el art. 3º constitucional se ha convertido en una
realidad solo al alcance de comunidades numerosas y con capacidad económica para
sustentarla, situación que difícilmente se cumple en el estado, pues la mayoría de las
comunidades poseen densidades demográficas reducidas, acaso dos o tres mil
habitantes, en el mejor de los casos. Por lo que frecuentemente la incorporación es sólo
tangencial o coyuntural, según alguna moda sexenal, a comunidades con características
diferentes. Recientemente programas como enciclomedia, en algún otro momento
albergues comunitarios o algunos otros más.
De igual manera las opciones de desarrollo se han visto dificultadas por las dificultades
crónicas de integración que sufren las comunidades de la región, las cuales pese a que
son parte de un mismo pueblo, el cuicateco, hasta hoy no han logrado una participación
unitaria en la búsqueda de dar solución a sus dificultades comunes. Antes bien algunas
de las comunidades han practicado, sobre todo las cabeceras municipales un
colonialismo interno lo que ha contribuido al estado de cosas mencionado.
Como en todas las comunidades indígenas la propiedad de la tierra es comunal, en
algunos casos esta se combina con la propiedad ejidal, de cualquier manera el carácter
es comunitario, o al menos lo era hasta la reforma constitucional de 1992, bajo el régimen
de Carlos Salinas de Gortari, cuando la tierra colectiva se hizo susceptible de
privatización, es necesario recordar que estas reformas modificaron las leyes que derivan
del artículo 27, primordialmente la Ley agraria, la ley de aguas, entre otras, a la vez que
modificaron el funcionamiento de la Secretaria de la Reforma Agraria, dando origen a la
Procuraduría agraria, declarando finiquitado el reparto agrario y otras situaciones más que
colocaron a las comunidades en la indefensión.
A partir del año 2000, con la implementación del llamado Plan Puebla-Panamá, PPP, se
incrementó la ofensiva contra las formas comunitarias de posesión de la tierra y, en
general de la vida de las comunidades, programas como Solidaridad, Procampo, Progresa
y sus derivaciones se implementaron con la finalidad de alentar el ocio y la comodidad
individual en las poblaciones rurales, aparejado a estos programas el Estado mexicano
inició una clara ofensiva que busca la privatización de la tierra comunitaria, el objetivo,
desarmar a las comunidades, quienes una vez que han sido convertidas a una suerte de
dependencia, derivada de lo señalado líneas arriba, no tendrían otra alternativa más que
deshacerse de sus tierras y con ellas de los recursos naturales, los cuales casualmente
son abundantes en sus territorios, con un agravante para dichas comunidades, no saben
que hacer con estos, algo que las transnacionales que acompañan el PPP tienen más que
resuelto, se trata pues de algo que podemos llamar plan con maña.
Nada es gratuito:
En este contexto desde los años 70 aparecieron a lo largo y ancho de la geografía de las
comunidades indígenas, sendos equipos de investigadores que realizaban estudios de
prospectiva, las noticias sobre el hecho pueden rastrearse fácilmente, decenas de
“ingenieros”, como suelen llamarles las comunidades, a diferencia de los “licenciados”,
que sólo hacen trabajos de oficina, estos se especializaban en recorrer los vastos
territorios de las poblaciones, aún a sitios que el común de los habitantes de las
comunidades no recorren, bien por su difícil acceso o por las supersticiones que
acompañan a algunos de los sitios.
La llegada y aterrizaje de helicópteros, avionetas y demás artefactos que colocaban a
estos “ingenieros”, muchas veces sin que las comunidades se percataran dentro de sus
territorios. El resultado, ahora lo sabemos, sendos estudios de prospección, de todo tipo,
herbolaria, flora, agua, madera, etc. Fueron minuciosamente ubicados y registrados por
escrito.
Es necesario precisar que en muchos casos estos “ingenieros”, al igual que algunos de
los “licenciados”, han utilizado como parapeto su pertenencia a dependencias oficiales,
a las cuales las comunidades suelen creer sin objeción, como es obvio, esta oficialidad de
las incursiones en los territorios raramente era efectiva.
Con el paso de los años y el afianzamiento del proyecto neoliberal globalizador,
encarnado con el PPP, la ofensiva sobre los recursos naturales se ha recrudecido, así
han aparecido, de la noche a la mañana, proyectos de explotación tanto oficiales como los
impulsados por el capital privado, mayormente el transnacional, la presa “El cajón”, en
Nayarit, los generadores eólicos de Iberdrola en el istmo de Tehuantepec, la ofensiva
sobre los bosques de los Chimalapas, la presa de la Parota, etc, todas con un signo
común la violación a la normatividad mexicana, expresamente la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, así como los convenios internacionales, señaladamente el
169 de la OIT, entre otros y, sobre todo una víctima común, las comunidades indígenas.
¿Ahora les toca a los cuicatecos?
En este contexto el CENTRO DE ESTUDIOS DE LA REGIÓN CUICATECA, inició desde
el año 2001 una investigación sobre las condiciones de la región cuicateca, en la
perspectiva de su inclusión dentro del PPP, los datos fluyeron rápidamente, y se tuvo
acceso al mapa denominado CARTA GEOQUIMICA POR ZINC OAXACA E14-9, el cual
registra los yacimientos contenidos en el territorio Oaxaqueño, señaladamente en este se
contempla a la región cuicateca, la cual se ubica en una falla geológica, que dadas sus
características ha permitido el afloramiento de señales que apuntan a la existencia de
yacimientos importantes de zinc y aluminio, pero también de algunos otros materiales más
exclusivos.
La profundización de la investigación permitió, poco tiempo después el acceso a una serie
de estudios geológico mineros, agrupados en la llamada CARTA GEOLOGICO MINERA
DE SANTIAGO NACALTEPEC, cuya referencia es Carta Santiago Nacaltepec, Clave E
14 D 27, Escala 1: 50,000, la misma agrupa estudios realizados en la zona desde el año
1971 hasta 1999, ello arrojo la descripción detallada de las fallas geológicas y de las
dimensiones que esta tiene, las cuales se ilustran en el mapa correspondiente. Estas
corresponden a un espacio geográfico cuyas dimensiones son de varios kilómetros
cuadrados, según la carta geológica mencionada en la zona cuicateca alcanza hasta 9
km. de ancho.
Dicho documento contiene, asimismo, una descripción detallada de las condiciones
geográficas y de las vías de comunicación de la región, puntualizando el hecho de que los
yacimientos se ubican en áreas totalmente accesibles. Este informe coloca pues a la zona
en el escenario de la explotación de los recursos mineros, en los hechos en el momento
actual se ha iniciado una explotación mineral de plomo en el territorio de las comunidades
de Quiotepec y Cuyamecalco, municipios de la parte conocida como la cañada.
Mientras se realizaba esta investigación se tuvo acceso a nuevas evidencias de que los
proyectos de explotación de los recursos están en marcha. En el mes de mayo del año en
urso se localizó información de carácter oficial, las fuentes, las páginas electrónicas de la
Secretaria de Economía y la correspondiente a la Dirección General de Minas, en ambas
el dato es contundente, existe en el municipio de San Juan Tepeuxila una concesión de
3500 has, a favor de la Minera Zapata S. A de C. V, esta sin embargo según versiones de
las comunidades afectadas, a saber las cinco que conforman dicho municipio, San Juan
Tepeuxila, cabecera municipal, San Sebastián Tlacolula, San Juan Teponaxtla, San
Andrés Pápalo y San Pedro Cuyaltepec, en las cuales ni las autoridades ni las
representaciones comunitarias, ni mucho menos las comunidades en general, se hallaban
enteradas, al menos hasta el mes de mayo en que se realizó la investigación de campo.
Dadas las características del proyecto en cuestión no ha sido posible, aún, obtener
información oficial sobre el mismo, esto aplica incluso a las autoridades municipales
quienes no cuentan con información precisa, o bien no la han dado a conocer, a pesar de
ello ya ha sido posible ubicar al menos dos puntos del polígono de afectación de dicha
concesión, inicialmente esta recibe el nombre de Raquelita I, lo cual hace suponer la
existencia de otros predios en la tentativa de la explotación, este se ubica en un punto
localizado aproximadamente a 500 metros del punto limítrofe entre San Juan Tepeuxila y
San Sebastián Tlacolula, dicho punto responde al nombre del Caspioso, es necesario
puntualizar que recientemente se ubicó un segundo punto conocido como la Orqueta en
la comunidad de San Juan Teponaxtla, dentro del área de la comunidad, asimismo se
localizo un dispositivo aparentemente satelital en un sitio conocido como loma de La Cruz
dentro de la misma comunidad, dicho aditamento cuenta con referencias de Petróleos
Mexicanos y fue depositado ahí en fechas recientes, el mismo se encuentra en el trazo de
la línea recta que une los puntos mencionados, existe la suposición, basados en informes
de los habitantes de la comunidad de San Sebastián Tlacolula, que un aditamento similar
se localiza en las estribaciones del cementerio de la localidad.
A partir de la información disponible el CENTRO DE ESTUDIOS DE LA REGIÓN
CUICATECA, ha presentado una aproximación de la poligonal mencionada,
adicionalmente hemos detectado mediante esta información la existencia de yacimientos
importantes en al menos otros dos municipios contiguos a San Juan Tepeuxila, Santa
María Pápalo y Santos Reyes Pápalo, con sus agencias correspondientes, lo cual anticipa
el interés de las compañías mineras sobre los territorios y pretendidamente la posibilidad
de conflictos derivados de ello, máxime cuando hasta el momento no se ha informado a
las mismas de los proyectos y como en el caso mencionado se ha decidido sobre dichos
territorios violando la normatividad existente y, además, de manera fraudulenta.
En este contexto es indispensable señalar que las comunidades afectadas son
comunidades indígenas, lo cual, de acuerdo a la legislación estatal y de los convenios
internacionales les concede el derecho irrestricto a la información y consulta de los
efectos que cualquier proyecto a realizarse en su territorio pudiera tener para los efectos
de la vida comunitaria, con todo lo que ello significa, cultura identidad, pertenencia, etc.
Los resultados de la investigación arrojan además datos especialmente preocupantes, en
torno a las probables repercusiones al ecosistema, los cuales agravan más dicha
condición, ya de por si critica, cuando hablamos de las comunidades, sobre todo porque
estas tierras se encuentran en el espacio de la reserva de la biósfera Tehuacán-Cuicatlán
y son consideradas únicas a nivel mundial por la gama de riqueza que contiene el
germoplasma de la misma, lo que significaría la desaparición de múltiples especies
endémicas, tanto de flora como de fauna, si ello no resultara preocupante existen en la
zona múltiples afluentes que alimentan a las principales corrientes de agua de la región lo
que magnifica el impacto humano, ya que las comunidades de la región de la cañada,
propiamente dicha, se encuentran en una área de características semidesérticas por lo
que el liquido que emplean para su vida proviene de las partes altas, las cuales
resultarían indudablemente afectadas.
Actualmente el CEREC se encuentra realizando el estudio de impacto ambiental del
proyecto, por lo que en breve estaremos en posibilidades de darlo a conocer.
De cualquier manera en relación con los primeros resultados, se avizora un escenario
difícil, dadas las condiciones en que la moderna industria minera realiza las explotaciones
y sus consabidas alteraciones en el medio circundante, pero sobre todo en este caso la
preocupación gira en torno de las características propias de los ecosistemas, los cuales
son el hábitat de cientos de especies endémicas.
Finalmente es necesario puntualizar que el proyecto ha sido previsto para ser
desarrollado por un periodo de 50 años, los cuales corren a partir del 31/03/2006 hasta
30/03/2056, según los datos localizados, sin embargo conforme las comunidades se han
enterado del mismo han manifestado su rechazo y oposición al mismo, por lo que pueden
anticiparse dificultades próximas, a menos que se repongan los procesos para la
discusión y consulta del proyecto de cara a las comunidades afectadas, ello es
especialmente importante dados los antecedentes ocurridos en el estado de Oaxaca
desde el año anterior.
En este sentido, el escenario reciente en el Estado, la violencia desatada por algunos
sectores del Estado, avalada por el sector duro del gobierno y habida cuenta de las
intrincadas relaciones que el aparato político tiene con los sectores más poderosos del
capital, tanto nacional como internacional, se puede prever una difícil lucha de las
comunidades por resistir a la destrucción que entrañaría dicho proyecto.
En el contexto mencionado, hasta ahora, se han celebrado dos encuentros comunitarios
impulsados por los Comisariados de Bienes Comunales y las autoridades locales, a estas
han asistido en promedio quinientos asistentes, dato especialmente importante pues se
trata de comunidades con menos de mil habitantes, por lo que el total de los comuneros
de las mismas ha participado.
Al mismo tiempo se ha recibido la solidaridad de sectores sociales que viven o han vivido
circunstancias similares en fechas recientes, ello ha significado un aliciente para las
comunidades afectadas y deja en claro que la resistencia comunitaria es especialmente
importante ante esta ofensiva sobre la vida y la integridad territorial y por tanto de la vida
comunitaria.
Un hecho relevante es la participación de todas las representaciones comunitarias en
ambos encuentros, por lo que estos se seguirán celebrando en las comunidades restantes
del municipio y aún más ya se ha extendido la noticia a comunidades vecinas, las cuales
han mostrado un interés creciente en recibir la información disponible hasta el momento,
con previsiblemente una reacción similar dadas las formas en que se han dado los
acontecimientos en torno del proyecto.
Lo anterior hace previsible un escenario de resistencia de las comunidades y de posibles
confrontaciones, dadas las implicaciones de la problemática, por lo que es necesario
llamar la atención ante ello.
La región cuicateca forma parte de la geografía del estado de Oaxaca, según datos
oficiales este estado posee 95,364 Km2, de acuerdo al censo de 2000 cuenta con una
población total de 3, 228,895; de la cual la población rural equivale a 1, 824,408, la
población urbana a 1, 404,487; y la población indígena equivale a 1, 592,020, por su
variedad cultural contabiliza alrededor del 30 % de las poblaciones originarias a nivel
nacional.
Administrativamente se localiza dentro de la llamada región de la Cañada, cuya cabecera
distrital es la ciudad de Cuicatlán, que es la que da nombre a la región.
En general, la población indígena del estado presenta un grave atraso en su situación
social, política y económica, nada diferente de la mayoría de las comunidades indígenas
del país, resultado, sobre todo, del carácter de los gobiernos surgidos después de la
revolución, sobre todo de aquellos que sólo han buscado el bienestar de un grupo
reducido que se ha mantenido y beneficiado en el gobierno, la “familia revolucionaria”,
mientras que la mayoría de la población vive en condiciones de miseria, la cual se ha
acentuado y sin alternativas de mejoría en los próximos años, al menos dentro de los
marcos del actual modelo económico.
Según datos del Consejo Nacional de Población (CONAPO), Oaxaca figura ente los cinco
últimos lugares en cuanto a desarrollo humano, es decir que, según los criterios oficiales,
el nivel de escolaridad y conocimientos es de los más bajos. La educación, como
obligación del Estado, establecida en el art. 3º constitucional se ha convertido en una
realidad solo al alcance de comunidades numerosas y con capacidad económica para
sustentarla, situación que difícilmente se cumple en el estado, pues la mayoría de las
comunidades poseen densidades demográficas reducidas, acaso dos o tres mil
habitantes, en el mejor de los casos. Por lo que frecuentemente la incorporación es sólo
tangencial o coyuntural, según alguna moda sexenal, a comunidades con características
diferentes. Recientemente programas como enciclomedia, en algún otro momento
albergues comunitarios o algunos otros más.
De igual manera las opciones de desarrollo se han visto dificultadas por las dificultades
crónicas de integración que sufren las comunidades de la región, las cuales pese a que
son parte de un mismo pueblo, el cuicateco, hasta hoy no han logrado una participación
unitaria en la búsqueda de dar solución a sus dificultades comunes. Antes bien algunas
de las comunidades han practicado, sobre todo las cabeceras municipales un
colonialismo interno lo que ha contribuido al estado de cosas mencionado.
Como en todas las comunidades indígenas la propiedad de la tierra es comunal, en
algunos casos esta se combina con la propiedad ejidal, de cualquier manera el carácter
es comunitario, o al menos lo era hasta la reforma constitucional de 1992, bajo el régimen
de Carlos Salinas de Gortari, cuando la tierra colectiva se hizo susceptible de
privatización, es necesario recordar que estas reformas modificaron las leyes que derivan
del artículo 27, primordialmente la Ley agraria, la ley de aguas, entre otras, a la vez que
modificaron el funcionamiento de la Secretaria de la Reforma Agraria, dando origen a la
Procuraduría agraria, declarando finiquitado el reparto agrario y otras situaciones más que
colocaron a las comunidades en la indefensión.
A partir del año 2000, con la implementación del llamado Plan Puebla-Panamá, PPP, se
incrementó la ofensiva contra las formas comunitarias de posesión de la tierra y, en
general de la vida de las comunidades, programas como Solidaridad, Procampo, Progresa
y sus derivaciones se implementaron con la finalidad de alentar el ocio y la comodidad
individual en las poblaciones rurales, aparejado a estos programas el Estado mexicano
inició una clara ofensiva que busca la privatización de la tierra comunitaria, el objetivo,
desarmar a las comunidades, quienes una vez que han sido convertidas a una suerte de
dependencia, derivada de lo señalado líneas arriba, no tendrían otra alternativa más que
deshacerse de sus tierras y con ellas de los recursos naturales, los cuales casualmente
son abundantes en sus territorios, con un agravante para dichas comunidades, no saben
que hacer con estos, algo que las transnacionales que acompañan el PPP tienen más que
resuelto, se trata pues de algo que podemos llamar plan con maña.
Nada es gratuito:
En este contexto desde los años 70 aparecieron a lo largo y ancho de la geografía de las
comunidades indígenas, sendos equipos de investigadores que realizaban estudios de
prospectiva, las noticias sobre el hecho pueden rastrearse fácilmente, decenas de
“ingenieros”, como suelen llamarles las comunidades, a diferencia de los “licenciados”,
que sólo hacen trabajos de oficina, estos se especializaban en recorrer los vastos
territorios de las poblaciones, aún a sitios que el común de los habitantes de las
comunidades no recorren, bien por su difícil acceso o por las supersticiones que
acompañan a algunos de los sitios.
La llegada y aterrizaje de helicópteros, avionetas y demás artefactos que colocaban a
estos “ingenieros”, muchas veces sin que las comunidades se percataran dentro de sus
territorios. El resultado, ahora lo sabemos, sendos estudios de prospección, de todo tipo,
herbolaria, flora, agua, madera, etc. Fueron minuciosamente ubicados y registrados por
escrito.
Es necesario precisar que en muchos casos estos “ingenieros”, al igual que algunos de
los “licenciados”, han utilizado como parapeto su pertenencia a dependencias oficiales,
a las cuales las comunidades suelen creer sin objeción, como es obvio, esta oficialidad de
las incursiones en los territorios raramente era efectiva.
Con el paso de los años y el afianzamiento del proyecto neoliberal globalizador,
encarnado con el PPP, la ofensiva sobre los recursos naturales se ha recrudecido, así
han aparecido, de la noche a la mañana, proyectos de explotación tanto oficiales como los
impulsados por el capital privado, mayormente el transnacional, la presa “El cajón”, en
Nayarit, los generadores eólicos de Iberdrola en el istmo de Tehuantepec, la ofensiva
sobre los bosques de los Chimalapas, la presa de la Parota, etc, todas con un signo
común la violación a la normatividad mexicana, expresamente la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, así como los convenios internacionales, señaladamente el
169 de la OIT, entre otros y, sobre todo una víctima común, las comunidades indígenas.
¿Ahora les toca a los cuicatecos?
En este contexto el CENTRO DE ESTUDIOS DE LA REGIÓN CUICATECA, inició desde
el año 2001 una investigación sobre las condiciones de la región cuicateca, en la
perspectiva de su inclusión dentro del PPP, los datos fluyeron rápidamente, y se tuvo
acceso al mapa denominado CARTA GEOQUIMICA POR ZINC OAXACA E14-9, el cual
registra los yacimientos contenidos en el territorio Oaxaqueño, señaladamente en este se
contempla a la región cuicateca, la cual se ubica en una falla geológica, que dadas sus
características ha permitido el afloramiento de señales que apuntan a la existencia de
yacimientos importantes de zinc y aluminio, pero también de algunos otros materiales más
exclusivos.
La profundización de la investigación permitió, poco tiempo después el acceso a una serie
de estudios geológico mineros, agrupados en la llamada CARTA GEOLOGICO MINERA
DE SANTIAGO NACALTEPEC, cuya referencia es Carta Santiago Nacaltepec, Clave E
14 D 27, Escala 1: 50,000, la misma agrupa estudios realizados en la zona desde el año
1971 hasta 1999, ello arrojo la descripción detallada de las fallas geológicas y de las
dimensiones que esta tiene, las cuales se ilustran en el mapa correspondiente. Estas
corresponden a un espacio geográfico cuyas dimensiones son de varios kilómetros
cuadrados, según la carta geológica mencionada en la zona cuicateca alcanza hasta 9
km. de ancho.
Dicho documento contiene, asimismo, una descripción detallada de las condiciones
geográficas y de las vías de comunicación de la región, puntualizando el hecho de que los
yacimientos se ubican en áreas totalmente accesibles. Este informe coloca pues a la zona
en el escenario de la explotación de los recursos mineros, en los hechos en el momento
actual se ha iniciado una explotación mineral de plomo en el territorio de las comunidades
de Quiotepec y Cuyamecalco, municipios de la parte conocida como la cañada.
Mientras se realizaba esta investigación se tuvo acceso a nuevas evidencias de que los
proyectos de explotación de los recursos están en marcha. En el mes de mayo del año en
urso se localizó información de carácter oficial, las fuentes, las páginas electrónicas de la
Secretaria de Economía y la correspondiente a la Dirección General de Minas, en ambas
el dato es contundente, existe en el municipio de San Juan Tepeuxila una concesión de
3500 has, a favor de la Minera Zapata S. A de C. V, esta sin embargo según versiones de
las comunidades afectadas, a saber las cinco que conforman dicho municipio, San Juan
Tepeuxila, cabecera municipal, San Sebastián Tlacolula, San Juan Teponaxtla, San
Andrés Pápalo y San Pedro Cuyaltepec, en las cuales ni las autoridades ni las
representaciones comunitarias, ni mucho menos las comunidades en general, se hallaban
enteradas, al menos hasta el mes de mayo en que se realizó la investigación de campo.
Dadas las características del proyecto en cuestión no ha sido posible, aún, obtener
información oficial sobre el mismo, esto aplica incluso a las autoridades municipales
quienes no cuentan con información precisa, o bien no la han dado a conocer, a pesar de
ello ya ha sido posible ubicar al menos dos puntos del polígono de afectación de dicha
concesión, inicialmente esta recibe el nombre de Raquelita I, lo cual hace suponer la
existencia de otros predios en la tentativa de la explotación, este se ubica en un punto
localizado aproximadamente a 500 metros del punto limítrofe entre San Juan Tepeuxila y
San Sebastián Tlacolula, dicho punto responde al nombre del Caspioso, es necesario
puntualizar que recientemente se ubicó un segundo punto conocido como la Orqueta en
la comunidad de San Juan Teponaxtla, dentro del área de la comunidad, asimismo se
localizo un dispositivo aparentemente satelital en un sitio conocido como loma de La Cruz
dentro de la misma comunidad, dicho aditamento cuenta con referencias de Petróleos
Mexicanos y fue depositado ahí en fechas recientes, el mismo se encuentra en el trazo de
la línea recta que une los puntos mencionados, existe la suposición, basados en informes
de los habitantes de la comunidad de San Sebastián Tlacolula, que un aditamento similar
se localiza en las estribaciones del cementerio de la localidad.
A partir de la información disponible el CENTRO DE ESTUDIOS DE LA REGIÓN
CUICATECA, ha presentado una aproximación de la poligonal mencionada,
adicionalmente hemos detectado mediante esta información la existencia de yacimientos
importantes en al menos otros dos municipios contiguos a San Juan Tepeuxila, Santa
María Pápalo y Santos Reyes Pápalo, con sus agencias correspondientes, lo cual anticipa
el interés de las compañías mineras sobre los territorios y pretendidamente la posibilidad
de conflictos derivados de ello, máxime cuando hasta el momento no se ha informado a
las mismas de los proyectos y como en el caso mencionado se ha decidido sobre dichos
territorios violando la normatividad existente y, además, de manera fraudulenta.
En este contexto es indispensable señalar que las comunidades afectadas son
comunidades indígenas, lo cual, de acuerdo a la legislación estatal y de los convenios
internacionales les concede el derecho irrestricto a la información y consulta de los
efectos que cualquier proyecto a realizarse en su territorio pudiera tener para los efectos
de la vida comunitaria, con todo lo que ello significa, cultura identidad, pertenencia, etc.
Los resultados de la investigación arrojan además datos especialmente preocupantes, en
torno a las probables repercusiones al ecosistema, los cuales agravan más dicha
condición, ya de por si critica, cuando hablamos de las comunidades, sobre todo porque
estas tierras se encuentran en el espacio de la reserva de la biósfera Tehuacán-Cuicatlán
y son consideradas únicas a nivel mundial por la gama de riqueza que contiene el
germoplasma de la misma, lo que significaría la desaparición de múltiples especies
endémicas, tanto de flora como de fauna, si ello no resultara preocupante existen en la
zona múltiples afluentes que alimentan a las principales corrientes de agua de la región lo
que magnifica el impacto humano, ya que las comunidades de la región de la cañada,
propiamente dicha, se encuentran en una área de características semidesérticas por lo
que el liquido que emplean para su vida proviene de las partes altas, las cuales
resultarían indudablemente afectadas.
Actualmente el CEREC se encuentra realizando el estudio de impacto ambiental del
proyecto, por lo que en breve estaremos en posibilidades de darlo a conocer.
De cualquier manera en relación con los primeros resultados, se avizora un escenario
difícil, dadas las condiciones en que la moderna industria minera realiza las explotaciones
y sus consabidas alteraciones en el medio circundante, pero sobre todo en este caso la
preocupación gira en torno de las características propias de los ecosistemas, los cuales
son el hábitat de cientos de especies endémicas.
Finalmente es necesario puntualizar que el proyecto ha sido previsto para ser
desarrollado por un periodo de 50 años, los cuales corren a partir del 31/03/2006 hasta
30/03/2056, según los datos localizados, sin embargo conforme las comunidades se han
enterado del mismo han manifestado su rechazo y oposición al mismo, por lo que pueden
anticiparse dificultades próximas, a menos que se repongan los procesos para la
discusión y consulta del proyecto de cara a las comunidades afectadas, ello es
especialmente importante dados los antecedentes ocurridos en el estado de Oaxaca
desde el año anterior.
En este sentido, el escenario reciente en el Estado, la violencia desatada por algunos
sectores del Estado, avalada por el sector duro del gobierno y habida cuenta de las
intrincadas relaciones que el aparato político tiene con los sectores más poderosos del
capital, tanto nacional como internacional, se puede prever una difícil lucha de las
comunidades por resistir a la destrucción que entrañaría dicho proyecto.
En el contexto mencionado, hasta ahora, se han celebrado dos encuentros comunitarios
impulsados por los Comisariados de Bienes Comunales y las autoridades locales, a estas
han asistido en promedio quinientos asistentes, dato especialmente importante pues se
trata de comunidades con menos de mil habitantes, por lo que el total de los comuneros
de las mismas ha participado.
Al mismo tiempo se ha recibido la solidaridad de sectores sociales que viven o han vivido
circunstancias similares en fechas recientes, ello ha significado un aliciente para las
comunidades afectadas y deja en claro que la resistencia comunitaria es especialmente
importante ante esta ofensiva sobre la vida y la integridad territorial y por tanto de la vida
comunitaria.
Un hecho relevante es la participación de todas las representaciones comunitarias en
ambos encuentros, por lo que estos se seguirán celebrando en las comunidades restantes
del municipio y aún más ya se ha extendido la noticia a comunidades vecinas, las cuales
han mostrado un interés creciente en recibir la información disponible hasta el momento,
con previsiblemente una reacción similar dadas las formas en que se han dado los
acontecimientos en torno del proyecto.
Lo anterior hace previsible un escenario de resistencia de las comunidades y de posibles
confrontaciones, dadas las implicaciones de la problemática, por lo que es necesario
llamar la atención ante ello.
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